Siete retos que afrontarán los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, 2026-2032

1. Administrativos

Conocer el funcionamiento de las 23 direcciones y 61 dependencias de la institución en menos de nueve meses para dirigir con eficacia y eficiencia:

• La gestión de inscripción y fiscalización de 26 partidos políticos activos, más 19 comités cívicos en formación y miles de candidaturas.
•  La organización del proceso electoral 2027 en tiempo récord (menos de nueve meses para la primera vuelta).

2. Sociales

• Reconstruir la confianza ciudadana (sólo el 25 % confía en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) según encuestas recientes como Latinobarómetro).
• Combatir desinformación, fake news y el uso de IA generativa (deep fakes) en campañas, que erosionan la percepción de legitimidad.
• Reducir polarización y conflictividad electoral.

3. Tecnológicos

• Modernizar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la Dirección General de Informática, fuertemente afectada por judicialización en 2023.
• Implementar herramientas contra desinformación e IA.
• Actualizar sistemas de inscripción y empadronamiento en tiempo récord.

4. Jurídicos

• Riesgo de persecución penal y presiones políticas (herencia directa de 2023: allanamientos y casos contra magistrados y personal técnico).
• Defender la autonomía institucional frente al Ministerio Público y poderes externos.

5. Reglamentarios

•  Implementar las reformas recientes a los reglamentos de la Ley Electoral y  de Partidos Políticos (financiamiento, voto exterior, medios de comunicación y campañas).
• Regular la inscripción de partidos (mínimo 28.083 afiliados, sedes en 12 departamentos) y fiscalizar gastos de campaña.

6. Recurso humano

• Contratar y capacitar personal temporal (juntas receptoras de votos y centros de cómputo).
• Retener talento técnico (informática y fiscalización).
• Atender y gestionar la nómina de 1.473 empleados permanentes + contratos temporales con sueldos y prestaciones limitadas.

7. Financieros

• Cubrir costos altos de empadronamiento masivo, logística electoral, voto en el exterior, arrendamientos entre otros.
• Control de gastos de campaña con recursos limitados.