Elecciones de segundo grado: resumen semanal del 12 al 18 de abril, 2026
Comisión de postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP)
Fecha
13/04/2026 14/04/2026 16/04/2026 17/04/2026 18/04/2026 | Hecho
Evaluación de expedientes de aspirantes | Descripción
Durante la semana se realizó la evaluación de los 48 expedientes de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público. La metodología inicial adoptada por la comisión de postulación fue de una revisión integral expediente por expediente, proyectando la documentación en pantalla, para valoración conjunta de todos los comisionados. Posteriormente, se ajustó el esquema de trabajo en el sentido que la evaluación continuó siendo individual por expediente, pero distribuida en parejas o ternas de comisionados responsables de rubros específicos, quienes exponían el puntaje asignado y su justificación, sometiendo finalmente a votación el puntaje total. La revisión se caracterizó por un enfoque riguroso y sistemático. Los rubros evaluados comprendieron méritos académicos (hasta 28 puntos), méritos profesionales (hasta 70 puntos) y méritos de proyección humana (hasta 2 puntos), mientras que los méritos éticos se analizaron sin ponderación numérica en esta fase. Se estableció una línea de corte de 75 puntos como criterio mínimo para continuar en el proceso. En el componente de méritos profesionales, particularmente en la experiencia en materia penal o sector justicia, se definió como punto de partida para el cómputo la fecha de inscripción como abogado conforme a la constancia del Registro de Abogados de la CSJ. Este criterio resultó determinante, ya que los aspirantes que superaron la línea de corte fueron, en su mayoría, aquellos con mayor trayectoria acreditada bajo este parámetro. Los 9 aspirantes en superar la línea de corte son: María Consuelo Porras Argueta (92.33), César Augusto Ávila Aparicio (92.13), Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina (90.86), Julio César Rivera Clavería (88.93), Walter Paulino Jiménez Texaj (89.73), Gabriel Estuardo García Luna (86.21), Néctor Guilebaldo de León Ramírez (79.69), José Manuel Quinto Martínez (79.00) y Henry Alejandro Elías Wilson (76.85). El principal foco de debate se centró en la validez del ejercicio judicial como equivalente al ejercicio profesional de la abogacía para efectos de la ponderación de experiencia. Se evidenció una división clara entre comisionados que sostienen la no equiparación y aquellos que sí la reconocen. Este punto se encuentra además judicializado, con al menos tres acciones de amparo pendientes de resolución, lo que ha generado nuevas gestiones orientadas a obtener certeza jurídica sobre el criterio aplicable. Un caso particularmente controvertido fue el del aspirante Marco Antonio Villeda Sandoval, actual Ministro de Gobernación. Según la constancia del Organismo Judicial, su inscripción como abogado data del 19 de febrero de 2026, lo que, conforme al criterio adoptado, le otorgaría cero puntos en experiencia profesional. Esto impactó directamente en su calificación global (41.86 puntos), ubicándolo por debajo de la línea de corte, lo que generó un debate adicional en el seno de la comisión que extendió el análisis a horas de la madrugada del día sábado 18 de abril. No obstante, su puntaje fue sometido a tres rondas de votación, donde finalmente alcanzó la mayoría requerida para su validación. Tras conocer y rechazar por unanimidad las solicitudes de algunos aspirantes orientadas a la revisión de sus calificaciones, así como al dar por evacuados los requerimientos formulados por los órganos jurisdiccionales que conocen los amparos, la comisión resolvió ajustar el cronograma del proceso. En ese sentido, se fijó la votación de la nómina final para el lunes 20 de abril a partir de las 13:00 horas, adelantando que se consideraría reducir la línea de corte con el propósito de contar con un margen aproximado de 12 candidatos elegibles para integrar la nómina final de seis. |
Proceso de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad
Fecha | Hecho | Descripción |
14/4/2026 | Toma de posesión de cargos | Los 10 abogados electos tomaron posesión de los cargos de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2030, en un acto privado durante los primeros minutos del 14 de abril, bajo argumento de no dejar vacíos legales. El acto protocolario fue realizado en el Teatro Nacional, durante el cual Annabella Morfín asumió como presidente. En su discurso, se comprometió a promover la defensa del orden constitucional sin invadir las competencias de otros organismos. Al acto asistió el presidente de la República, el presidente del Congreso, la presidente de la Corte Suprema de Justicia, diputados, alcaldes, autoridades de Estado, cuerpo diplomático y miembros de partidos políticos. |
Rector de Universidad de San Carlos (USAC)
Fecha | Hecho | Descripción |
17/4/2026 | CSU aprueba elección de rector | El Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó el proceso de reelección de Walter Mazariegos rector de la USAC, período 2026-2030, con el voto favorable de 22 consejeros. Mientras 9 consejeros votaron en contra y se registraron 2 abstenciones.
La decisión del CSU se concretó luego de rechazar tres recursos de revisión y nulidad planteados en contra del procedimiento realizado por el Cuerpo Electoral Universitario (CEU) integrado con 73 electores de 170 que exige la ley.
Con esta decisión, concluye el procedimiento administrativo, quedando pendiente la toma de posesión prevista en ley para el 1 de julio próximo. Sin embargo, es de tomar en cuenta que desde el 8 de abril, han sido presentados nuevos amparos y denuncias, buscando que se verifique el proceso realizado y se anule la elección. |
Aspectos electorales Tribunal Supremo Electoral (TSE)
En el contexto preelectoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) cambiará el sistema biométrico, incidiendo directamente en el empadronamiento, en consecuencia, en la confiabilidad de las elecciones de 2027. Si la transición se implementa adecuadamente, puede modernizar el registro ciudadano, mejorar la precisión del padrón y fortalecer la legitimidad electoral. Sin embargo, al realizarse en un momento políticamente sensible, introduce riesgos operativos, de ciberseguridad y, sobre todo, de percepción pública, que podrían generar desconfianza sobre la integridad del proceso.
