Análisis de la fase de entrevistas a los aspirantes para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 2026-2030

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Se realizó la fase de entrevistas en el proceso de comisión de postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) 2026-2030; esta se desarrolló en cuatro fechas, con una distribución de 12 aspirantes diarios. 

Todos los comisionados estuvieron presentes durante el primer día de entrevistas. Para el segundo día estuvo ausente el decano de la Universidad San Pablo, Luis Roberto Aragón Solé; la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, llegó tarde y aunque llegó a la comisión, el decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga, se ausentó por un periodo de tres horas. El tercer día se registraron dos llegadas tarde, una del decano de la Universidad Rafael Landívar, Julio Cordón y el decano de la Universidad Francisco Marroquín, Arturo Saravia. En el cuarto día todos los miembros de la comisión fueron puntuales.

La comisión acordó que el tiempo de las entrevistas fuera de 30 minutos por participante. La metodología consistió en otorgar cinco minutos a los aspirantes para la exposición de sus planes de trabajo, este tiempo fue modificado y se agregaron dos minutos más para un total de siete minutos de exposición. En el tiempo restante, los comisionados realizaron rondas de preguntas a los participantes, con un límite de respuesta de tres minutos por pregunta. Al finalizar cada entrevista, cada comisionado hacía la ponderación de la calificación asignada al aspirante entrevistado.

 

 Las entrevistas fueron programadas en las fechas del 6, 7, 9 y 10 de abril. 

Las entrevistas de los participantes tuvieron una duración promedio de 22 minutos; aún así, llamó la atención que al postulante Julio César Rivera Clavería se le concedieran 38 minutos, tiempo en el que los comisionados se permitieron hacer alrededor de tres preguntas más luego de alcanzado el tiempo límite. 

A continuación, se presenta un breve análisis de la fase de entrevistas. El primer día la comisión recibió la notificación de que el profesional Roberto Manuel Ángel Flores Rivera, expediente número 37, envió su renuncia formal para el proceso de postulación, todos los demás aspirantes se hicieron presentes, por lo que el listado se redujo a 48 participantes.

 

¿Qué sobresale de la fase de entrevistas?

El análisis puede dividirse en dos momentos, el primero siendo la presentación de los planes de trabajo propuestos como parte del proceso de aplicación. Sobre esto resalta la coherencia que han tenido los aspirantes, se estima un promedio de 85% de coincidencia entre el plan de trabajo presentado por escrito y lo expuesto a los comisionados. Es importante señalar que en el comparativo se hace especialmente notorio que la actual fiscal general, Consuelo Porras, obtuvo un nivel de coincidencia de 50% entre su plan escrito y su exposición oral; esto puede deberse a que su intervención inicial se centró en una comparecencia pública, más allá de la presentación de la hoja de ruta que seguiría de ser electa para un tercer mandato. 

De los 48 aspirantes, 39 tienen un nivel alto de coincidencia. Al hacer un análisis de discurso por día de entrevistas, es evidente que hay un diagnóstico muy similar del estado actual del MP sobre el cual se basan las propuestas realizadas en los planes de trabajo. Los principales focos de trabajo identificados por los participantes son:

 

  1. La necesidad de hacer una actualización tecnológica del MP como parte de la solución para hacer más eficiente el trabajo. Entre las soluciones mencionadas para dicha actualización están el expediente electrónico y el uso de inteligencia artificial como herramienta para facilitar el trabajo de los fiscales. 
  2. El fortalecimiento de la carrera fiscal, premiando la meritocracia del personal que ya labora en la institución, o bien, capacitando al personal para un mejor desempeño. 
  3. La reducción de la mora fiscal con la implementación de modelos de gestión de casos distintos al que se utiliza actualmente, aquí se profundiza un poco más respecto de la persecución penal estratégica. 
  4. Colocar a la víctima como el centro del trabajo de la institución para la recuperación de la confianza ciudadana. 
  5. Procurar una mayor independencia y despolitización del MP. 

Aunque el discurso es sumamente repetitivo entre los participantes, sí existió una diferenciación conforme fueron avanzando las participaciones. En los primeros dos días de esta fase hubo un uso reiterativo de términos específicos, lo que se percibe como una estrategia para proyectar una imagen de idoneidad técnica. 

Sin embargo, durante el tercer y cuarto día de entrevistas las intervenciones de los participantes fueron adquiriendo un tono más crítico, profundizando en su visión de la situación actual del MP y presentando planes de trabajo con un enfoque gerencial.

De esta forma pudo observarse una transición en el discurso de un plano de tecnificación a uno de recuperación de la confianza ciudadana hacia la institución. Una hipótesis que sería útil explorar para intentar explicar esta evolución puede estar en la fase de recepción de expedientes.

Dado que la tendencia es que los profesionales con perfiles que pueden ser considerados más altos esperan a los últimos días de dicha fase para presentar su candidatura, esto hace que queden en los últimos números del listado oficial, lo cual se refleja en las cualidades del discurso de la fase de entrevistas.

Otra división identificada entre los participantes está en que los primeros dos días las propuestas de los planes de trabajo exponían el interés en la continuidad del modelo actual (mayor cobertura y certificación de capacidades); mientras que en los últimos dos días las propuestas reflejaban el incentivo de impulsar una reingeniería estructural.

El segundo momento de esta fase es la de preguntas hacia los aspirantes. Antes de profundizar sobre el análisis se señala que se identificó que los comisionados tomaron como referencia las preguntas de la guía de entrevista que Guatemala Visible en conjunto con la Universidad del Valle de Guatemala aportó para el proceso de 2022. 

Se detectó que al menos el 50% de los cuestionamientos realizados contenía aspectos sugeridos en dicha guía. Los temas relacionados giran alrededor de la trayectoria profesional; la política criminal con el uso de frases como «adecuada política criminal en contextos de corrupción» y «criterios para definir líneas de investigación prioritarias»; la autonomía del MP; independencia y presiones («independencia e imparcialidad frente a presiones políticas o económicas»); sobre la justicia transicional y sobre la coordinación interinstitucional. 

Para mayor detalle sobre las entrevistas consultar los resúmenes de las entrevistas en la plataforma de monitoreo:

https://monitoreo-gv.web.app/m/mp-2026/sesiones/105

https://monitoreo-gv.web.app/m/mp-2026/sesiones/106

https://monitoreo-gv.web.app/m/mp-2026/sesiones/107

https://monitoreo-gv.web.app/m/mp-2026/sesiones/108

Durante la fase completa, los comisionados realizaron un total de 235 intervenciones, este número incluye preguntas iniciales y las repreguntas. La mayor cantidad de preguntas fue realizada el primer día y la menor cantidad se dio en el segundo día. 

De manera muy similar a la diferenciación identificada en el primer momento, en los primeros dos días las preguntas de los comisionados tuvieron un enfoque más operativo; mientras que en los últimos dos días se observaron cuestionamientos con mayor profundidad técnica y un enfoque estratégico, donde la política criminal tomó mucha más relevancia, por encima de la carrera fiscal que fue el tema predominante en los primeros dos días. En la figura siguiente puede observarse la contabilización de las participaciones de los comisionados; los mismos están ordenados de mayor a menor número de intervenciones. 

Figura 1

Intervenciones de los comisionados en la fase de entrevistas (por día)

 

Los comisionados con una mayor intervención fueron el decano de la Universidad Regional, Luis Lepe y la presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes. Los comisionados que no tuvieron ninguna intervención en estos cuatro días de entrevistas fueron el decano de la USAC, Henry Arriaga y el decano de la Universidad Rural, Mario García. 

Tabla 1

Intervenciones totales de los comisionados

Al promediar la cantidad de preguntas realizadas entre los miembros de la comisión, esto da un resultado de 15 preguntas por comisionado. Empero, la tabla anterior muestra que 69% de los cuestionamientos fueron formulados por el 40% de los comisionados. 

Los casos más relevantes por la cantidad mínima de preguntas realizadas es la de los decanos de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), la Universidad de Occidente (UdeO) y la Universidad Da Vinci, quienes se limitaron a hacer intervenciones muy específicas.

En las intervenciones se han identificado tres ejes principales de cuestionamientos: institucional, operativo y de control. Dentro del primer eje predomina la preocupación sobre la situación de la carrera fiscal y su fortalecimiento; sin embargo, esta notoriedad también puede atribuirse a que 37% de las preguntas del comisionado Lepe fueron específicamente alrededor de esa temática. 

Sobre el eje operativo, resalta la inquietud de los comisionados alrededor de la mora fiscal, por lo que predominan indagaciones sobre el modelo de gestión, los parámetros de efectividad y las salidas alternas. En el tercer eje, destaca la intención de identificar la visión de los aspirantes sobre la manera idónea de manejar las presiones, la despolitización de la institución y la cooperación internacional.  

Por último, se identificaron temas de interés muy específicos para algunos comisionados. Así, Luis Lepe mantuvo un enfoque casi exclusivo sobre la carrera fiscal; Claudia Paredes y Patricia Gámez se enfocaron en la autonomía del MP frente a los demás poderes del Estado, la política criminal y la persecución estratégica; Julio Cordón se centró en el modelo de gestión y el uso de las desestimaciones; Luis Aragón hizo cuestionamientos alrededor de la gestión administrativa; Enrique Sánchez tuvo especial interés sobre el presupuesto para la implementación de los planes de trabajo presentados; y, Alicia Franco en las cualidades éticas con las que debe contar el nuevo Fiscal General.

 

Conclusión

Los elementos observados evidencian que las entrevistas sí constituyen un insumo relevante dentro del proceso de evaluación, con sus propias limitaciones. Los niveles de coincidencia entre la propuesta escrita y la exposición oral, predominantemente en rangos de 85% a 90%, muestran que esta herramienta cumple con una función de validación de consistencia discursiva, confirmando que los postulantes conocen y sostienen los ejes centrales de sus planes. 

Si bien no debe considerarse como el principal mecanismo de diferenciación entre perfiles por la homogeneidad que existe en los planteamientos de los planes de trabajo, su valor principal está en poner de manifiesto el nivel de concreción, claridad técnica y la forma en la que los aspirantes se desenvuelven. Sobre este último aspecto, vale la pena hacer la observación de que la mayoría de los aspirantes fue elocuente en sus intervenciones; sin embargo, algunos de ellos carecen de dicha capacidad, la cual debe ser una característica importante para el perfil de la persona que llegue a dirigir el MP.

Por otro lado, el enfoque predominante del tema de la carrera fiscal puede llevar a pensar en que el interés está no solo en qué hará el nuevo Fiscal General, sino con el apoyo de qué equipos y bajo qué reglas operará. Asimismo, puede concluirse que hubo un refinamiento de los cuestionamientos realizados por los comisionados conforme fue desarrollándose la fase de entrevistas. 

Sin embargo, la escasa participación del 60% de los integrantes de la comisión, principalmente la ausencia de involucramiento de los decanos de la USAC y de la Universidad Rural, podría tener como efecto la invisibilización de algunas temáticas que pudieron haber sido abordadas desde las distintas visiones que son convocadas en esta comisión y que, a su vez, debilita la naturaleza colegiada de la evaluación que debe hacerse de los perfiles. 

Con los insumos obtenidos puede decirse que los comisionados están buscando un perfil híbrido que tenga tanto capacidades gerenciales; pero también, con algún grado de capacidad política para relacionarse con los otros poderes del Estado, sin que esto devenga en poner en riesgo la autonomía de la institución. 

Las preguntas sobre las metas o líneas de base pueden indicar que se busca una forma de poder medir la gestión al término del mandato. Por último, se percibe el interés por identificar perfiles para estabilizar la institución y que fomente la trazabilidad técnica evitando la discrecionalidad en la resolución de los casos. 

Tabla 1

Nivel de coincidencia entre el plan de trabajo presentado y la exposición oral en la fase de entrevistas

No.

Aspirante

Nivel de coincidencia

Porcentaje estimado

Síntesis de coincidencias

1

Mynor F. Hernández Castillo

Alta

90%

Operacionaliza plan con enfoque tecnológico y territorial.

2

Walfred Rodríguez Tórtola

Alta

85%

Coherencia técnica; control y digitalización.

3

Juan Luis Polanco Santizo

Alta

85%

Alineación estratégica con instrumentos concretos.

4

Walter Brenner Vásquez Gómez

Media-alta

75%

Coherente, menor énfasis transformador.

5

Gabriel García Luna

Alta

85%

Alineación en modernización.

6

Henry Elías Wilson

Alta

85%

Consistente; desarrollo operativo.

7

Brenner López de León

Alta

90%

Alta coherencia técnica.

8

Marco Antonio Cortéz Sis

Media

65%

Reducción del alcance estratégico. No hubo claridad de objetivos. 

9

Edgar Morales Santos

Alta

85%

Introduce modelos de gestión.

10

Maynor González Méndez

Media-alta

75%

Menor desarrollo técnico.

11

Zoila Morales Valdizón

Alta

90%

Alta coherencia institucional.

12

Gladys Ponce Mejicanos

Alta

90%

Coherencia en protocolos.

13

Paolo Similox Valiente

Alta

90%

Expansión territorial clara.

14

Néctor de León Ramírez

Media-alta

75%

Enfoque más reactivo.

15

Carlos García Alvarado

Alta

85%

Reestructuración clara.

16

Sully Merlos Moya

Alta

85%

Gobernanza y resultados.

17

Shayne Ochaeta Argueta

Alta

90%

Fuerte componente tecnológico.

18

Ana Karina Méndez Vielman

Alta

85%

Enfoque en víctimas.

19

José Quinto Martínez

Alta

90%

Estructura institucional clara.

20

Abdi Guerra Guzmán

Alta

90%

Innovación tecnológica.

21

Carlos Rivera Carrillo

Alta

85%

Protocolos y fuerzas de tarea.

22

Wilber Enríquez Jocol

Media-alta

75%

Menor amplitud estratégica.

23

Liseth Gramajo Trampe

Alta

90%

Instrumentos normativos sólidos.

24

Lissy Guerra Aguirre

Alta

90%

Desarrollo operativo completo.

25

Brenda Muñoz Sánchez

Alta

90%

Diagnóstico institucional robusto.

26

Raúl López Rodríguez

Alta

90%

Traducción clara a instrumentos.

27

Amílcar Colindres Hernández

Alta

90%

Enfoque en datos e IA.

28

Esteban Celada Flores

Alta

90%

Política criminal sólida.

29

Erick López Orozco

Media-alta

75%

Menor desarrollo estructural.

30

Sandra Acan Guerrero

Alta

90%

IA y evaluación externa.

31

María Consuelo Porras Argueta

Media

50%

Enfoque justificativo de informe de su gestión. Indicó que su plan de trabajo sería la continuidad de lo realizado hasta ahora

32

Óscar Dávila Mejicanos

Alta

85%

Herramientas de gestión territorial.

33

Nicolás Cuxil Güitz

Media-alta

75%

Enfoque operativo.

34

César Ávila Aparicio

Alta

90%

Coherencia estratégica y tecnológica.

35

Hugo Bautista del Cid

Alta

90%

Arquitectura institucional clara.

36

Walter Jiménez Texaj

Alta

85%

Implementación institucional.

37

Ronalth Ochaeta Argueta

Alta

90%

Reestructura institucional clara.

38

Mario Espinoza Palacios

Alta

90%

Territorialización operativa.

39

Silvia Villalta Martínez

Media-alta

75%

Enfoque operativo.

40

Julio Rivera Clavería

Alta

90%

Modelo modular claro.

41

César Payés Reyes

Alta

90%

Arquitectura anticorrupción.

42

Eliseo Quiñonez Villagrán

Alta

85%

Ajustes estructurales claros.

43

Miguel Ávila Vásquez

Alta

90%

Implementación sólida.

44

Tomás Ramírez López

Alta

85%

Política criminal aplicada.

45

Marco Villeda Sandoval

Alta

90%

Control y supervisión.

46

Beyla Estrada Barrientos

Alta

90%

Implementación institucional.

47

Ricardo Guzmán Loyo

Alta

90%

Modelo por niveles.

48

Julio Saavedra Pinetta

Alta

90%

Legitimidad y estándares claros.