La diputada estuvo ausente cuando se realizó la aprobación de la “Ley de Prevención y Protección Contra la Ciberdelincuencia”, aprobada el 4 de agosto de 2022. La ley creaba figuras delictivas y adecuaba normas penales frente a delitos cibernéticos. Despertó preocupación en abogados, analistas, organizaciones de sociedad civil, algunos diputados y periodistas ya que, según lo que expresaron, dos artículos transgredían normativas constitucionales como la libertad de pensamiento. Por ejemplo: perseguía y criminalizaba las filtraciones de información y el acceso a fuentes con penas de hasta seis años y multas de 40 a 200 salarios mínimos.  También castigaba “divulgar información confidencial que afectara el honor o salud física o psicológica”. Ante esto, expertos indicaron que era una forma de reprimir la crítica y fiscalización hacia funcionarios y la difusión de contenido satírico como “los memes”.  Luego de los pronunciamientos, en la sesión del miércoles 24 de agosto de 2022, la diputada tenía licencia cuando se realizó la votación para que fuera archivada.