Fue señalado en el caso Financiamiento Electoral del Partido Unionista, pero la Cámara de Amparos y Antejuicios confirmó su inmunidad. La investigación de la fiscalía se presentó el 14 de junio 2019, dos días antes de las elecciones pasadas. La FECI señaló al alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez Lemus, y al concejal I, Víctor Martínez de utilizar al menos Q1 millón de fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para financiar las campañas electorales de 2011 y 2015. La Cámara de Amparos y Antejuicio mantuvo la inmunidad del alcalde. Por esa razón, la fiscalía presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad, la cual fue denegada. El otro caso, el sindicato de trabajadores de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), por medio de su secretario general, Abner García, denunció al Alcalde por hacer caso omiso de 10 órdenes judiciales para reinstalar a más de 240 trabajadores que fueron despedidos de dicha dependencia. En marzo de 2022, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal dio trámite a la solicitud de retiro de inmunidad en contra de Quiñónez, en la cual se le señaló de los presuntos delitos de abusos de autoridad y desobediencia. La Corte de Constitucionalidad en mayo de 2023 otorgó un amparo provisional al alcalde de la capital, Ricardo Quiñónez, con lo cual se deja en suspenso una solicitud de antejuicio en su contra.

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Fue denunciado por la Contraloría General de Cuentas -CGC- ante el Ministerio Público, En mayo de 2018, por un monto de Q100 mil, ya que brindó asesorías de comunicación al Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales, siendo al mismo tiempo Vocero Municipal bajo el renglón 011, violando la Ley de Contrataciones que prohíbe celebrar otros contratos con el Estado cuando se ostenta un cargo público. Sin embargo, en enero de 2019 la Fiscalía Contra la Corrupción desestimó la denuncia presentada por la CGC favoreciendo a Sandoval.

En septiembre de 2014, Marlon Puente fue condenado a tres años de prisión conmutables por el delito de instigación a delinquir, un hecho relacionados a la muerte de un joven aficionado del Club Comunicaciones, Kevin Díaz. Primero había sido procesado por homicidio, pero le cambiaron el delito. El caso de «Pirulo» fue porque se demostró su implicación en el caso del asesinato de Díaz. Tras la condena, «Pirulo» pagó una multa de 200,000 quetzales para quedar en libertad.

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En el 2017 el Ministerio Público lo acusó del delito de homicidio culposo, en relación al caso denominado Cambray II, lugar donde en el 2015 fallecieron a consecuencia de un alud, aproximadamente 300 personas, pero en febrero del 2022 la Sala Primera de Apelalciones resolvió revocar una resolución que había cerrado el caso, por tal razón probablemente irán a debate oral y público.

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