El 5 de mayo de 2026 por medio de cadena nacional, el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, designó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, luego de que concluyó la fase de impugnaciones a la nómina de candidatos.
El funcionario designado obtuvo una calificación de 72.21 puntos en la tabla de gradación y alcanzó una votación por unanimidad durante el proceso de integración de la nómina por parte de la comisión de postulación.
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La designación se realizó en cumplimiento de la atribución constitucional del presidente, quien previamente indicó que la persona elegida no responde a intereses del Gobierno, sino al servicio de la República y de la población.
Entrevistas presidenciales y decisión final
Como parte de la etapa final, el presidente realizó entrevistas privadas a los seis candidatos incluidos en la nómina, organizadas en tres jornadas consecutivas y en bloques de dos aspirantes por día.
El 28 de abril fueron entrevistados Gabriel Estuardo García Luna a las 15:00 horas y Beyla Adaly Estrada Barrientos a las 17:00 horas. El 29 de abril correspondió el turno a Carlos Alberto García Alvarado a las 15:00 horas y César Augusto Ávila Aparicio a las 17:00 horas. Finalmente, el 30 de abril fueron entrevistados Julio César Rivera Clavería a las 15:30 horas y Néctor Guilebaldo de León Ramírez a las 17:30 horas.
Durante estas entrevistas también estuvieron presentes el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica.
Este mecanismo no es obligatorio según la normativa vigente, pero forma parte del proceso realizado por el Ejecutivo en el proceso de designación. La ley no establece que el presidente deba elegir al candidato con mayor puntaje, por lo que la decisión final responde a una valoración propia dentro del marco constitucional. Sin embargo, esta facultad debe ejercerse con base en criterios razonables y en función del rol del Ministerio Público.
Con esta designación, concluye el proceso de elección del fiscal general, quien estará al frente de la institución durante el período 2026-2030.
#Recordatorio
Resolución de la CC y ajuste en la evaluación de aspirantes
El proceso de selección estuvo marcado por la resolución del expediente 1926-2026 de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó excluir del cómputo de experiencia profesional los períodos en que algunos aspirantes ejercieron como jueces.
En cumplimiento de esta resolución, la comisión de postulación revisó nuevamente los expedientes y recalculó el punteo en el rubro de experiencia profesional, lo que alteró el listado de aspirantes elegibles y obligó a repetir la votación para conformar la nómina final.
Los efectos fueron distintos según cada caso. Algunos aspirantes redujeron su calificación, uno de ellos salió del grupo de elegibles, mientras que otros se mantuvieron sin cambios relevantes. Este ajuste reflejó el impacto directo del nuevo criterio constitucional sobre el proceso.
Más allá de los resultados individuales, la resolución evidenció una diferencia entre el criterio técnico aplicado inicialmente por la comisión y el criterio constitucional establecido posteriormente por la CC, lo que incidió en la integración final de la nómina.
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Nómina final e impugnaciones
La nómina de seis candidatos fue remitida al presidente el 24 de abril de 2026. En comparación con la integración previa, se registró un cambio en uno de los aspirantes, como resultado de la nueva evaluación y de la repetición de la votación en la comisión.
Posteriormente, se habilitó el plazo para la presentación de impugnaciones los días 29 y 30 de abril y 4 de mayo. Esta fase permitió cuestionar la integración de la nómina antes de la designación final.
La comisión debía conocer y resolver las impugnaciones presentadas, pero no se presentó ninguna, como parte del cierre del proceso previo a la decisión presidencial.
